El 24 de julio de 2025, el gobierno ecuatoriano firmó el Decreto Ejecutivo 60, una reforma drástica que eliminó varios ministerios, entre ellos el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, fusionándolo con el de Energía y Minas. Esta decisión, tomada bajo la bandera de “eficiencia”, pero ¿qué pierde Ecuador cuando el agua y la naturaleza quedan subordinadas a las industrias extractivas?
Un país con abundancia… pero en peligro
Ecuador es uno de los países más biodiversos y ricos en agua del planeta. Con más de 442 km³ de agua dulce renovable al año, concentra cerca del 3.2 % del total disponible en América Latina, superando ampliamente la media regional en disponibilidad per cápita (26.611 m³ por persona al año frente a los 22.929 m³ del promedio regional).
Desde los glaciares del Cayambe, Chimborazo hasta los afluentes amazónicos de Napo y el Pastaza con agua dulce,el país cuenta con cuencas hidrográficas esenciales que abastecen a ciudades, comunidades rurales, sistemas de riego y generación eléctrica. Además, posee reservas costeras y marinas vitales como los manglares de Esmeraldas, los humedales de Manabí o la riqueza oceánica de Galápagos.
Pero esta riqueza no está garantizada. La deforestación, la contaminación minera, el mal tratamiento de aguas residuales y el cambio climático que amenaza los glaciares que alimentan los ríos andinos representan peligros crecientes.
¿Qué significa perder un Ministerio del Ambiente independiente?
Fusionar el ente que protege el agua, los bosques y la biodiversidad con el que regula la explotación petrolera y minera, implica más que un cambio administrativo. Significa colocar dos intereses opuestos en un mismo escritorio, pero con un desequilibrio de poder claro, el extractivismo genera ingresos inmediatos, mientras la conservación busca sostenibilidad a largo plazo y el respeto a la vida.
La historia reciente de Ecuador lo demuestra, donde hay minería o petróleo, el agua sufre. Las comunidades indígenas del Yasuní han denunciado por años los derrames y afectaciones a ríos y comunidades como en Napo y Pastaza, el reciente derrame más grande de la historia en Esmeraldas. En la Sierra, las concesiones mineras amenazan páramos y fuentes de agua que abastecen a ciudades como Quito y Cuenca.
El agua no necesita menos Estado. Necesita más atención, más cuidado, más voz. Es necesario un Ministerio que no confunda sus prioridades.
Verónica Lombeida
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